POR JOSÉ M.ª GONZÁLEZ MORO. ABOGADO. ICAM

En los últimos meses se ha iniciado una nueva guerra judicial frente a la práctica comercial de las entidades financieras. Esta vez la “casus belli” recae en la comercialización de los préstamos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) que se llevó a cabo durante la declaración del Estado de Alarma producido por la irrupción de la pandemia del COVID-19, siendo la problemática principal el hecho de que las entidades financieras ejecutan los préstamos contra el deudor y contra los avalistas principales, pero no contra el aval del Estado.

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